El Gobierno confirmó que no aplicará por tercer año consecutivo la ley de Financiamiento Educativo que establecía un piso del 6% del PBI para el sistema educativo nacional. Tampoco se cumplirá con los niveles mínimos previstos en la Ley de Educación Técnico Profesional (0,2% de los ingresos corrientes) ni con los objetivos de crecimiento progresivo establecidos en la Ley de Financiamiento del Sistema de Ciencia y Tecnología.

Por otra parte, las universidades nacionales argentinas recibirán un presupuesto de 4,8 billones de pesos para el ejercicio fiscal 2026, según lo establece el proyecto de Ley de Presupuesto Nacional que el Ejecutivo busca aprobar en las sesiones extraordinarias del Congreso, programadas entre el 10 y el 31 de diciembre.

Sin embargo, este monto ha generado rechazo por parte de los rectores de las casas de estudio, quienes exigen la aplicación de una ley sancionada por el Congreso Nacional que establece un mecanismo progresivo de actualización automática de los recursos. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ha solicitado un monto de 7,2 billones de pesos para cubrir gastos de mantenimiento e implementar una recomposición salarial del personal docente y no docente.

El Gobierno nacional, por su parte, sostiene que no procede la aplicación de la ley aprobada por el Legislativo, ya que, según su criterio, no especificaba con claridad el origen de los fondos necesarios para su ejecución. Esta postura fue reiterada tras el veto presidencial original y su posterior insistencia parlamentaria.

A pesar de la negativa oficial, fuentes parlamentarias cercanas al oficialismo indicaron que no se descarta un ajuste en el monto final durante el debate en el Congreso, aunque no se confirmó ningún incremento concreto.

Además, el proyecto de presupuesto 2026 incluye nuevas condiciones para la asignación de recursos. Las universidades nacionales deberán presentar ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias, dependiente de la Secretaría de Educación, información detallada sobre la planificación, ejecución y rendición de gastos. El incumplimiento en el envío de esta documentación en tiempo y forma podría generar la interrupción de las transferencias.

Asimismo, se establece que cada universidad debe clasificar su presupuesto en tres áreas funcionales: educación y cultura; salud; y ciencia, tecnología e innovación. La ejecución contable y la cuenta de inversión también deberán ajustarse a este clasificador.

En otro ámbito, el Gobierno confirmó que no aplicará por tercer año consecutivo la ley de Financiamiento Educativo que establecía un piso del 6% del PBI para el sistema educativo nacional. Tampoco se cumplirá con los niveles mínimos previstos en la Ley de Educación Técnico Profesional (0,2% de los ingresos corrientes) ni con los objetivos de crecimiento progresivo establecidos en la Ley de Financiamiento del Sistema de Ciencia y Tecnología.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) señaló que el objetivo del 6% del PBI para educación solo se alcanzó en un ejercicio desde su aprobación. En el caso de la educación técnica, el piso de 0,2% solo se cumplió en el primer año de vigencia del fondo. En ciencia y tecnología, nunca se alcanzaron las metas de crecimiento progresivo.

La OPC también informó que el Ejecutivo decidió derogar los pisos de inversión establecidos por normas legales, y que ahora las asignaciones para educación serán definidas anualmente mediante las leyes de presupuesto, en lugar de estar vinculadas a parámetros fijos.

El proyecto de Presupuesto 2026 será sometido a debate en el Congreso en las próximas semanas, en un contexto de creciente presión de sectores académicos y sindicales por la recuperación del financiamiento histórico del sistema educativo público. (Fuente: Noticias Argentinas).