Investigadoras e investigadores de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), integrantes de proyectos vigentes del Consejo de Investigaciones (CIUNSa), elevaron una nota formal al presidente del Consejo, Jorge Fernando Yazlle, y al Consejo Directivo, solicitando información clave sobre resoluciones y procesos institucionales que afectan el desarrollo de la investigación en esta universidad.

La nota expresa inquietudes sobre tres puntos centrales: el avance del Plan Estratégico de Investigación + Desarrollo + Innovación (I+D+I), la conformación de Grupos de Trabajo (GT) y el pago de subsidios de investigación. A estas preocupaciones se suman nuevas denuncias gremiales y académicas que amplían el escenario de conflictividad institucional.

Falta de avances en el Plan Estratégico I+D+I

La resolución 063/2025 CCI anunció la puesta en marcha del Proyecto Institucional “Hacia un Plan Estratégico de Investigación + Desarrollo + Innovación”. Aunque el calendario preveía talleres participativos desde julio, investigadores afirmaron no haber recibido convocatorias ni actualizaciones sobre el proceso. Advirtieron que limitar la participación a la instancia de validación contradice el espíritu de la resolución, que establece fases de diagnóstico, definición y diseño abiertas a la comunidad investigadora.

“La participación implica intervenir en las distintas fases (…) y no limitarse a la aprobación de un documento ya elaborado”, señalaron.

Un docente explicó a Salta/12 que este tipo de planificación “socava la libre expresión y la libertad de cátedra”, ya que se propone “direccionar, aglutinar y dirigir los diferentes proyectos de investigación que se generan dentro de la Universidad”, sin haber convocado a quienes los sostienen.

Ambigüedad en la conformación de Grupos de Trabajo

La resolución 101/2025 CCI convoca a conformar Grupos de Trabajo para fomentar la cooperación interdisciplinaria y consolidar redes. Sin embargo, el comunicado oficial deja dudas sobre el alcance del aval institucional: ¿corresponde al CIUNSa o a las unidades académicas y al Consejo Superior? Además, preocupa que los beneficios ofrecidos, como asesoramiento y difusión, puedan excluir a grupos ya consolidados que no se adhieran formalmente a la propuesta.

“¿No acceder a lo que ya poseemos legalmente o de hecho nos condiciona como sujetos activos en la investigación?”, preguntaron docentes e investigadores en la nota al presidente del Consejo de Investigaciones.

Advirtieron que “hay ciencias que no requieren la inter o la transdisciplinariedad para poder hacer su desarrollo”, y que ya existen laboratorios e institutos democráticamente constituidos que no deberían ser subordinados a nuevas estructuras sin debate.

Además, el documento denuncia demoras en el pago de subsidios de investigación correspondientes al período 2025. Aunque algunos proyectos ya recibieron los fondos, otros, pese a haber cumplido con las rendiciones y enviado datos bancarios, siguen esperando. El grupo solicita explicaciones sobre los criterios de distribución y las causas de esta demora.

Desde espacios gremiales y docentes se denuncia un recorte presupuestario del 23% aprobado “rápidamente, sin debate”, seguido de cesantías y congelamiento de la planta docente.

Un memorándum reciente advierte que no se podrán cubrir cargos sin “economías genuinas”, lo que pone en riesgo la continuidad de docentes interinos, que constituyen la mayoría de la planta de la Universidad Nacional de Salta.

“Ese memorándum puso en alerta a todo el sistema de la docencia universitaria”, señalaron, y recordaron que “todos los que han cumplido cinco años de antigüedad después del 2015 no han podido todavía regularizar su situación laboral”.

La indignación se profundizó al conocerse que el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas otorgó una beca al rector Miguel Nina, eximiéndolo del pago del 50% de la matrícula de un doctorado.

“Es un disparate (…), va en contramano de la política de austeridad y de ajuste que viene promoviendo la actual conducción del rectorado”, expresaron docentes e investigadores en la nota. Resaltaron que mientras hay docentes que sufren recortes del 40%, se otorga este beneficio al rector, “con sueldos millonarios”.

También cuestionaron que la UNSa no haya adherido al amparo colectivo por el incumplimiento de la ley de financiamiento universitario, impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que integran los rectores de las universidades públicas de tood el país.

Obligación de crear perfiles en Google académico

Por otro lado, una resolución reciente del CIUNSa exige a los investigadores e investigadoras crear o actualizar sus perfiles en el buscador académico de Google. La medida fue recibida con reparos jurídicos y éticos: “Nuestro empleador nos está pidiendo que creemos un perfil y que transfiramos nuestros datos personales a una plataforma (…) sin nuestro consentimiento previo, libre y expreso”, explicó un docente a Salta/12.

Se señala que esta exigencia podría violar el artículo 19 y 43 de la Constitución Nacional, así como la Ley 25.326, de protección de datos personales. Además, consideraron que “una institución pública no puede exigirlo como un requisito laboral o administrativo”.

Docentes e investigadores propusieron que en lugar de obligar a crear perfiles individuales, el CIUNSa contrate servicios editoriales que permitan publicar en acceso abierto, ya que “las suscripciones de 3.000 o 4.000 dólares no pueden ser cubiertas por ningún proyecto de investigación”.

Este accionar del Consejo de Investigaciones está siendo interpretado como una profundización del control y del disciplinamiento sobre la producción científica de la Universidad.

En este marco, docentes e investigadores instaron al CIUNSa y al rectorado a brindar respuestas claras a través de sus canales oficiales y reiteraron la necesidad de garantizar procesos participativos, transparentes y respetuosos de los derechos laborales, académicos y constitucionales.

En este marco, docentes e investigadores instaron al CIUNSa y al rectorado a brindar respuestas claras a través de sus canales oficiales y reiteraron la necesidad de garantizar procesos participativos, transparentes y respetuosos de los derechos laborales, académicos y constitucionales.