Su concreción exige no solo inversiones e infraestructura, sino también modelos de conducción y gestión acordes a la magnitud del desafío.

En este contexto, las comisiones, mesas técnicas y espacios de articulación público-privada cumplen un rol central. La toma de decisiones vinculadas al Corredor requiere planificación, coordinación interinstitucional y criterio técnico, superando enfoques personalistas o prácticas basadas únicamente en la experiencia individual.

Distinguir entre representación institucional y conducción efectiva resulta clave. La legitimidad que otorgan los cargos debe complementarse con capacidades profesionales, equipos especializados y procesos claros que permitan abordar áreas críticas como logística, comercio exterior, infraestructura, ambiente, seguridad, recursos humanos y comunicación estratégica.

Los esquemas de gestión excesivamente centralizados tienden a generar dependencia, demoras y pérdida de oportunidades. Por el contrario, la profesionalización de las comisiones, la delegación responsable y el trabajo interdisciplinario fortalecen la transparencia, la previsibilidad y la continuidad de los proyectos, más allá de los cambios coyunturales.

Asimismo, promover ámbitos donde el aporte técnico, el debate fundamentado y la evaluación permanente sean valorados como herramientas de mejora contribuye a consolidar consensos duraderos y decisiones de mayor impacto territorial.

El liderazgo institucional, en este marco, no se ejerce concentrando decisiones, sino articulando actores, integrando saberes y construyendo estructuras sólidas que permitan que el Corredor Bioceánico avance de manera sostenida, inclusiva y estratégica para el norte de Salta y la región.

Fortalecer la gestión es, en definitiva, una condición indispensable para transformar una oportunidad histórica en un proceso de desarrollo real y sostenible.

El Corredor Bioceánico no puede consolidarse como una oportunidad reservada a unos pocos actores. Su desarrollo debe garantizar equidad territorial, acceso real y participación amplia, en cumplimiento del marco normativo vigente. En este sentido, resulta imprescindible que las acciones y decisiones contemplen la Ley de Zona de Frontera y su reglamentación, como herramienta fundamental para promover inclusión productiva, desarrollo local y condiciones justas para quienes emprenden y producen en el territorio.