La política salteña acaba de recibir una señal importante desde la Justicia. La Corte de Justicia de Salta declaró constitucional la Ley 8535 de Participación Democrática, una reforma electoral impulsada por el oficialismo provincial y cuestionada por distintos sectores de la oposición.

La resolución fue contundente en términos jurídicos: la provincia tiene autonomía para establecer su sistema electoral y la Legislatura cuenta con atribuciones para definir las reglas de competencia.

Pero hay una pregunta que merece ser formulada: ¿Qué una ley sea constitucional significa necesariamente que sea buena para la democracia?

Porque una cosa es discutir las facultades institucionales del Poder Legislativo y otra muy diferente es analizar qué consecuencias políticas puede producir el sistema que acaba de recibir el respaldo judicial.

El punto más sensible es la acumulación de votos entre distintas listas de una misma fuerza política. Un mecanismo que permite que los sufragios obtenidos por varios candidatos dentro de un mismo espacio terminen favoreciendo al postulante más votado de esa agrupación.

Y ahí aparece inevitablemente la comparación con la tradicional Ley de Lemas.

Podrán discutir los nombres, las diferencias técnicas y los procedimientos. Pero la preocupación ciudadana tiene una explicación sencilla: ¿puede terminar siendo elegido un candidato que individualmente obtuvo menos votos que otro, gracias a la suma de los sufragios de las demás listas de su espacio?

Ese es el corazón de la controversia.

LA JUSTICIA RESUELVE LA CONSTITUCIONALIDAD, LA POLÍTICA DEBE RESPONDER POR SUS CONSECUENCIAS

La Corte sostuvo que no le corresponde reemplazar las decisiones políticas de la Legislatura, salvo que exista una vulneración constitucional o una arbitrariedad manifiesta.

Es un argumento institucional que merece ser entendido. Sin embargo, el hecho de que la Justicia no encuentre motivos para invalidar una norma no significa que la sociedad deba renunciar a discutirla.

La democracia no se agota en cumplir los procedimientos legales. También necesita reglas transparentes, competencia real, representación y confianza ciudadana.

Y esa confianza se debilita cuando los ciudadanos sienten que las reglas electorales se modifican desde arriba, mientras los partidos políticos negocian alianzas, candidaturas y mecanismos de acumulación de poder.

QUINCE DEPARTAMENTOS: ¿REPRESENTATIVIDAD O BARRERA ELECTORAL?

Otro aspecto que merece atención es la obligación de presentar listas en al menos 15 de los 23 departamentos para competir por la gobernación.

La Corte consideró legítima esa exigencia territorial.

Pero cabe preguntarse si todos los espacios políticos cuentan con las mismas posibilidades económicas, organizativas y territoriales para cumplirla.

Una fuerza política pequeña, con representación genuina en determinadas regiones, podría encontrar mayores dificultades para competir provincialmente que una estructura política con intendentes, legisladores y recursos distribuidos en buena parte del territorio.

La discusión no debería limitarse a si la exigencia es legal. También debería preguntarse si favorece una competencia verdaderamente plural.

SÁENZ Y EL 2027: LAS REGLAS DEL JUEGO YA ESTÁN SOBRE LA MESA

La resolución judicial llega en un momento políticamente estratégico. Salta comienza a encaminarse hacia las elecciones del 16 de mayo de 2027 y Gustavo Sáenz tiene por delante una discusión mucho más amplia que la simple convocatoria electoral.

El gobernador ha manifestado su intención de buscar un nuevo mandato, aunque la reforma constitucional que impulsó establece límites a las reelecciones consecutivas. Su interpretación sobre el cómputo de su primer período abre otra discusión constitucional que no queda resuelta por este fallo.

Mientras tanto, el oficialismo tiene una cuestión menos en su camino: la reforma electoral superó el cuestionamiento judicial principal,  esto obliga a mirar el escenario con atención. ¿Estamos frente a una reforma pensada para mejorar la representación política o ante una arquitectura electoral que también puede resultar funcional a las necesidades de continuidad del poder provincial?

No corresponde afirmar que una cosa demuestra automáticamente la otra. Pero tampoco corresponde ignorar el contexto político en el que se aprobó la norma.

LA PREGUNTA QUE DEBERÍA HACERSE EL ELECTOR

La Corte habló de autonomía provincial, facultades legislativas y constitucionalidad. La oposición habló de acumulación de votos y de una posible reedición de la Ley de Lemas.

Pero falta escuchar una discusión que no debería quedar reservada a abogados, dirigentes y operadores políticos: la del ciudadano común.

Ese ciudadano que llega a las urnas, elige una lista y espera que su voto tenga una correspondencia clara con el resultado.

Porque la democracia no debería convertirse en un mecanismo de ingeniería electoral donde las estructuras partidarias tengan más protagonismo que la voluntad individual del votante.

La legalidad es indispensable. La legitimidad política también.

Y una última reflexión: cuando quienes gobiernan tienen la facultad de establecer las reglas electorales, quienes integran la oposición tienen el derecho de cuestionarlas y la ciudadanía tiene la obligación de exigir explicaciones.

En definitiva, la Corte dejó en pie la Ley 8535. Ahora la política deberá demostrar que este sistema no solamente es constitucional, sino también capaz de ofrecer una competencia transparente, equitativa y verdaderamente representativa.

Porque cambiarle el nombre a un sistema electoral no alcanza para despejar las dudas sobre sus consecuencias.

En Salta, el debate no terminó con el fallo. Recién comienza la discusión sobre quién gana, quién pierde y quién termina decidiendo realmente el resultado electoral.

No alcanza con decir que más listas pueden competir. Hay que analizar quiénes tienen capacidad real para presentar candidatos, construir alianzas, instalar dirigentes y movilizar votos en toda la provincia.

1. La participación no siempre significa igualdad de oportunidades.

Permitir que distintas listas de un mismo espacio compitan puede generar mayor oferta electoral. Pero no todos los partidos tienen intendentes, concejales, legisladores, recursos económicos y estructuras territoriales para hacerlo.

2. La acumulación de votos puede favorecer a los grandes aparatos políticos.

Una fuerza con varias listas y dirigentes territoriales puede sumar los votos de diferentes sectores y terminar beneficiando a un candidato que individualmente no fue el más votado de toda la competencia.

Esto no demuestra por sí solo que exista una manipulación electoral, pero sí plantea un interrogante legítimo sobre la representación.

3. La exigencia de presencia en 15 departamentos puede convertirse en una barrera.

Para una fuerza política consolidada puede ser una condición organizativa posible. Para un partido nuevo o una expresión regional puede representar una dificultad considerable.

Conclusión: fortalece más a quienes ya tienen estructura

Hay un dato que no debería pasar inadvertido: la propia Corte reconoce, al recuperar jurisprudencia electoral, que ningún sistema es políticamente neutral; las reglas pueden beneficiar a unos sectores y perjudicar a otros.

En una provincia como Salta, donde los intendentes, los referentes departamentales y las estructuras partidarias tienen un peso importante, la acumulación de votos puede convertirse en una herramienta de enorme valor para quienes ya controlan esos espacios.

Y aquí aparece una cuestión particularmente interesante para el norte provincial: ¿qué posibilidades reales tendrá un dirigente de Mosconi, Tartagal, Salvador Mazza o Rivadavia de construir una alternativa provincial si no cuenta con una estructura política que le permita competir en buena parte del territorio?

La ley exige presencia en 15 departamentos para las candidaturas a gobernador y vicegobernador.

La pregunta política de fondo es esta:

¿Estamos democratizando la competencia electoral o estamos diseñando un sistema donde los grandes armados políticos tienen más herramientas para conservar el poder?

No afirmaría que la ley garantiza la continuidad del saencismo. Eso sería ir más allá de lo que podemos demostrar. Pero sí considero que sus mecanismos merecen un análisis crítico sobre quiénes están en mejores condiciones de aprovecharlos.

«En democracia no alcanza con permitir que más candidatos participen. También hay que garantizar que tengan posibilidades reales de competir. Porque si las reglas terminan favoreciendo a quienes ya concentran el poder territorial, podemos tener más listas en las boletas, pero no necesariamente más democracia en las urnas».