El concejal se refirió a la renuncia del contador Carlos Santillán, la falta de información sobre la ejecución presupuestaria 2026, las dificultades administrativas del cuerpo legislativo y la situación política generada tras la salida de “Piti López” , cuyo pase al oficialismo modificó la composición de fuerzas dentro del Concejo Deliberante.

Uno de los aspectos centrales de su intervención fue la renuncia del contador Carlos Santillán, quien había formulado denuncias sobre presuntas irregularidades administrativas. Carrizo manifestó su sorpresa por lo sucedido, recordando que el día anterior habían compartido una jornada de trabajo con el profesional y concejales de distintos bloques.

Según expresó, las cuestiones planteadas por Santillán merecen una explicación institucional y no deberían quedar desplazadas por discusiones personales.

El concejal también destacó el desempeño profesional del contador en el tratamiento de expedientes y cuestiones técnicas. Su planteo apunta a que las observaciones realizadas deben ser respondidas por las vías correspondientes, con documentación y explicaciones que permitan conocer qué ocurrió.

La ejecución presupuestaria, una información que reclama el Concejo

Otro de los puntos señalados por Carrizo fue la falta de información sobre la ejecución presupuestaria correspondiente al año 2026. En sus declaraciones sostuvo que, a pesar de encontrarse avanzado el ejercicio, los concejales todavía no habían recibido esa documentación. La cuestión tiene importancia porque la ejecución presupuestaria permite conocer cómo se utilizaron los recursos municipales, cuáles fueron los gastos realizados y qué grado de cumplimiento tuvieron las previsiones aprobadas.

Para los integrantes del Concejo Deliberante, contar con esa información resulta necesario para ejercer sus funciones de control. El reclamo de Carrizo plantea una cuestión concreta: la información presupuestaria debe llegar a los representantes legislativos en tiempo y forma. No debería depender de las diferencias políticas entre el Ejecutivo y el cuerpo deliberativo.

El cambio de mayoría y la salida de Piti López

En el escenario político del Concejo Deliberante hay un hecho que no puede quedar fuera del análisis: la salida del concejal Piti López de su anterior espacio y su posterior incorporación al oficialismo.

Su decisión modificó la relación de fuerzas dentro del cuerpo legislativo y terminó otorgándole al sector que responde a la intendenta Ana Guerrero Palma la mayoría que anteriormente no tenía. Este movimiento tiene consecuencias políticas concretas. A partir de ese cambio, el oficialismo quedó en mejores condiciones para impulsar sus iniciativas y definir votaciones dentro del Concejo.

La cuestión no pasa por discutir el derecho individual de un concejal a cambiar de posición política. Cada representante tiene la facultad de tomar sus propias decisiones. Sin embargo, cuando ese movimiento modifica la mayoría legislativa, también corresponde analizar sus consecuencias para el funcionamiento institucional.

La ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se conforman las mayorías, qué posiciones asumen sus representantes y cómo esas decisiones repercuten en el tratamiento de los proyectos.

El cambio de López adquiere mayor relevancia cuando se lo relaciona con los cuestionamientos sobre el funcionamiento del Concejo, las facultades de su presidencia y la capacidad de la oposición para ejercer el control legislativo, la pregunta política es inevitable: ¿Cómo se garantizará el debate y el control institucional en un cuerpo donde el oficialismo ahora cuenta con mayoría?

Tener mayoría es una herramienta legítima de la democracia. Pero esa mayoría también tiene responsabilidades: debe respetar los procedimientos, permitir el debate y garantizar que las distintas posiciones puedan expresarse.

Reglamento Interno y funcionamiento legislativo

Carrizo también se refirió a las discusiones por las modificaciones al Reglamento Interno y a los cuestionamientos que surgieron alrededor del tratamiento de distintos proyectos.

En ese sentido, planteó que no corresponde atribuir irregularidades sin considerar cómo se desarrollaron los procedimientos y qué documentación estuvo disponible para los concejales, la discusión sobre el reglamento debe resolverse dentro del propio ámbito legislativo, respetando las disposiciones vigentes y las normas que regulan el funcionamiento del cuerpo.

También cuestionó la falta de transmisiones en vivo de las sesiones, recordando que anteriormente los vecinos podían seguir los debates legislativos por ese medio.

La difusión de las sesiones permite que la comunidad conozca qué proyectos se presentan, quiénes los acompañan y cuáles son los argumentos de cada representante, no es un detalle menor. 

El funcionamiento del Concejo Deliberante debe poder ser conocido por los vecinos, independientemente de qué sector político tenga la mayoría.

La situación económica de la presidencia del Concejo

Otro aspecto mencionado por Carrizo fue la situación económica y administrativa de la actual presidenta del Concejo Deliberante, según sus declaraciones, desde que asumió no estaría percibiendo su dieta y estaría afrontando con dinero propio determinados gastos de caja chica, incluso recurriendo a sus ingresos jubilatorios.

Se trata de una situación que merece una explicación administrativa, porque el funcionamiento de un cuerpo legislativo no debería depender de los recursos personales de quien ejerce su presidencia.

Carrizo también mencionó las dificultades para realizar determinadas compras y resolver necesidades operativas del Concejo, pese a los recursos propios o gestiones que se habrían realizado, en este punto, la discusión vuelve a la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo municipal. El Concejo necesita contar con los recursos y las condiciones necesarias para cumplir sus funciones.

El equilibrio institucional exige que cada poder pueda ejercer sus responsabilidades sin que las diferencias políticas afecten su funcionamiento.

Declaraciones juradas y obligaciones de los concejales

Carrizo informó además que presentó su declaración jurada patrimonial ante el Ministerio de Gobierno y Justicia, en cumplimiento de lo solicitado durante la sesión número 31.

En su exposición expresó que espera que todos los integrantes del cuerpo legislativo cumplan de la misma manera con sus obligaciones.

La presentación de declaraciones juradas constituye una herramienta de transparencia que permite conocer la situación patrimonial de quienes ejercen funciones públicas.

Su cumplimiento no debería ser motivo de disputa partidaria, sino una obligación compartida por todos los representantes.

Carrizo: votar según el contenido de cada proyecto

En otro tramo de sus declaraciones, el concejal definió su posición frente a las diferencias entre oficialismo y oposición.

Sus palabras fueron claras: "A mí la gente no me eligió para que esté de un lado o del otro; la gente me eligió para que haga lo mejor para Mosconi". También sostuvo que la mayoría de los expedientes presentados por concejales del oficialismo que consideró correctos fueron acompañados con su voto.

Esta posición plantea una forma de entender la representación legislativa: el acompañamiento de un proyecto no debería depender exclusivamente del sector político que lo presenta, sino de su contenido y de los beneficios que pueda representar para la comunidad.

Del mismo modo, la oposición tiene la responsabilidad de controlar y cuestionar las decisiones del Ejecutivo cuando considera que existen motivos para hacerlo.

Lo que está en discusión es el funcionamiento de las instituciones

Las declaraciones de Carrizo reúnen varios temas que merecen respuestas: la situación del contador Santillán, la información presupuestaria, las condiciones de funcionamiento del Concejo, las modificaciones reglamentarias y el nuevo equilibrio político producido por el pase de Piti López al oficialismo. No son cuestiones menores ni deberían quedar reducidas a diferencias personales entre dirigentes.

El Ejecutivo municipal tiene la responsabilidad de informar sobre la administración de los recursos públicos. El Concejo Deliberante debe ejercer sus funciones legislativas y de control, incluso cuando las mayorías políticas favorezcan al oficialismo.

La nueva composición del cuerpo legislativo no modifica esas obligaciones. La mayoría puede facilitar la aprobación de proyectos, pero no reemplaza la necesidad de debatirlos ni elimina el derecho de los vecinos a conocer cómo se toman las decisiones, Mosconi necesita que sus representantes discutan estos asuntos dentro de las instituciones, con documentación, argumentos y respeto por las normas.

El control legislativo no es una cuestión de oficialismo u oposición. Es una responsabilidad que existe porque los recursos administrados son públicos y porque quienes ocupan cargos electivos deben responder ante la comunidad.

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