El funcionamiento del Concejo Deliberante de General Enrique Mosconi volvió a quedar en el centro de la controversia política. Durante una entrevista, los concejales Mendoza y Montenegro expresaron fuertes cuestionamientos a la actual conducción del cuerpo legislativo y denunciaron situaciones que, según sostienen, afectan el acceso a la documentación, el debate democrático y el normal desarrollo de la actividad parlamentaria.

Uno de los principales ejes de sus declaraciones estuvo relacionado con el manejo de los expedientes y las diferencias entre los bloques. Ambos ediles señalaron que no habrían tenido acceso pleno a determinada documentación y cuestionaron la forma en que se habría tramitado un dictamen relacionado con un informe solicitado a la Dirección Nacional de Migraciones.

Dudas sobre un informe de Migraciones

Durante la entrevista, los concejales se refirieron al procedimiento mediante el cual el Concejo Deliberante habría solicitado información a Migraciones. Montenegro sostuvo que pretendía acceder directamente al expediente y verificar quién había firmado y recibido la documentación, además de establecer qué funcionario podía certificar su autenticidad.

Según relató, había solicitado que el cuerpo se constituyera en comisión para examinar el material, pero aseguró que eso no ocurrió como esperaba y que posteriormente tomó conocimiento de un dictamen elaborado por integrantes de la Comisión de Peticiones y Legislación.

En ese contexto, identificó a Horacio Carrizo, Denis Ramírez y Rosana Gauna como los concejales que, según su declaración, firmaron el dictamen.

Mendoza, por su parte, confirmó que desde el Concejo se había aprobado un pedido de informe a Migraciones, aunque aclaró que no podía dar fe de la documentación que circulaba. También sostuvo que no había podido participar de la comisión ni acceder a una copia del expediente.

Los ediles plantearon así una serie de interrogantes sobre el procedimiento administrativo, la autenticidad de la documentación y las condiciones en las que fue examinada.

Durante el intercambio también mencionaron que el intendente habría solicitado que se corroborara la validez del documento. Este punto requiere ser contrastado con el expediente correspondiente y con la presentación formal del Ejecutivo municipal.

Cuestionamientos al acceso a la información

Otro de los reclamos estuvo relacionado con el acceso a las actas y a los documentos producidos durante las sesiones.

Montenegro afirmó que Mendoza llevaba varias semanas solicitando copias de actas sin haberlas recibido. También recordó una denuncia policial que, según indicó, había presentado por una cuestión vinculada a una ordenanza, aunque durante la entrevista no se precisaron los detalles completos de esa presentación ni su estado judicial.

En relación con ese antecedente, el concejal sostuvo que todavía no habían sido citados por la Justicia. La existencia, el objeto y el estado de la denuncia deberán verificarse mediante las constancias correspondientes antes de extraer conclusiones sobre sus alcances.

Los cuestionamientos apuntan a una cuestión central para el funcionamiento institucional: la posibilidad de que los integrantes de un órgano colegiado accedan a la documentación necesaria para controlar, deliberar y tomar decisiones con respaldo administrativo.

Mendoza sostuvo que, durante su etapa como presidente del Concejo, se trabajaba con mecanismos de consenso y que se procuraba garantizar el funcionamiento administrativo del cuerpo. En contraste, manifestó su desacuerdo con la situación actual y cuestionó la falta de diálogo entre los distintos sectores.

La transmisión de las sesiones, otro punto de conflicto

La falta de transmisión pública de las sesiones también formó parte de las críticas.

Mendoza recordó que, durante su presidencia, se habían utilizado recursos propios y gestiones del Concejo para transmitir las reuniones y facilitar que los vecinos conocieran los temas tratados y las decisiones adoptadas.

Además, señaló que se había avanzado en la digitalización de la información legislativa, una tarea que, según afirmó, actualmente no se estaría realizando de la misma manera.

Montenegro coincidió con los cuestionamientos y vinculó la falta de difusión con las dificultades que, a su entender, enfrentan los proyectos presentados por algunos concejales.

La publicación de las sesiones, las actas y los expedientes constituye una herramienta importante para el control ciudadano. Sin embargo, para establecer con precisión qué mecanismos de transparencia están vigentes en Mosconi y cuáles dejaron de funcionar, será necesario conocer la situación administrativa actual y solicitar una respuesta formal a las autoridades del cuerpo.

Proyectos demorados y acusaciones de falta de diálogo

Los concejales también denunciaron demoras en el tratamiento de iniciativas legislativas. Montenegro afirmó que continúa presentando proyectos, aunque según su versión varios son enviados a comisión o permanecen durante períodos prolongados sin una resolución.

Como ejemplo, relató que uno de sus proyectos habría sido discutido durante varias horas y que finalmente se habría propuesto modificar una sola palabra. El edil consideró que ese procedimiento prolongaba innecesariamente el debate.

Asimismo, cuestionó que expedientes presentados por su bloque no recibieran un tratamiento que considerara adecuado y sostuvo que las diferencias políticas estarían condicionando el trabajo legislativo.

Las declaraciones reflejan un conflicto entre sectores del Concejo, pero para determinar si existen demoras fuera de los plazos reglamentarios o un tratamiento desigual de las iniciativas es necesario revisar las órdenes del día, las actas, los expedientes y el reglamento interno.

La ruptura política y la disputa por la presidencia

Durante la entrevista también se abordó el distanciamiento entre concejales que, según el entrevistador, habían integrado hace un tiempo el mismo espacio político.

Montenegro atribuyó el quiebre a las diferencias surgidas en torno a la elección de la presidencia del Concejo y a la falta de diálogo posterior a la campaña electoral.

Según su relato, había intentado abrir una instancia de conversación, pero no encontró una respuesta favorable en ese momento. También planteó que la actual conducción habría buscado acuerdos con la oposición para alcanzar la presidencia.

Se trata de la interpretación política del concejal, que no constituye por sí misma una explicación definitiva sobre las razones de la ruptura. Para completar ese aspecto de la historia sería necesario conocer la posición de la presidenta del Concejo Deliberante y de los demás sectores involucrados.

Por su parte, Mendoza afirmó que durante su gestión se procuraba consensuar decisiones incluso con la oposición y lamentó que, a su entender, el debate institucional haya perdido calidad.

Designaciones y situación del personal

Otro tramo del intercambio estuvo dedicado a la situación de personas que, según los concejales, concurren habitualmente al edificio legislativo y cuya condición laboral fue puesta en discusión.

Mendoza sostuvo que una de esas personas no estaría formalmente designada ni registrada como empleada, de acuerdo con las consultas que dijo haber realizado. Montenegro cuestionó que las resoluciones de presidencia, por sí solas, puedan considerarse suficientes para acreditar una relación laboral.

Las afirmaciones requieren documentación respaldatoria. Para establecer la situación de las personas mencionadas deben revisarse las resoluciones, las designaciones, los registros administrativos y las eventuales altas laborales. Sin esos elementos no corresponde afirmar que exista una contratación irregular ni determinar cuál es la situación legal de los involucrados.

Un debate que exige documentación y respuestas

Más allá de las diferencias políticas, las declaraciones de Mendoza y Montenegro ponen sobre la mesa preguntas relevantes para el funcionamiento institucional de General Mosconi: ¿pueden todos los concejales acceder a los expedientes que deben tratar?, ¿qué procedimiento se siguió para analizar el informe de Migraciones?, ¿por qué no se están transmitiendo las sesiones, si esa práctica dejó de realizarse?, ¿qué ocurrió con las actas solicitadas y cuál es el estado de los proyectos enviados a comisión?

La respuesta a estos interrogantes no puede depender únicamente de las declaraciones de una de las partes. Requiere consultar la documentación oficial y escuchar también a la presidencia del Concejo Deliberante, a los integrantes de las comisiones mencionadas y, en lo referido al informe, a los organismos que intervinieron en su tramitación.

En un cuerpo legislativo, la transparencia no se limita a las declaraciones públicas: también se expresa en el acceso a la información, la trazabilidad de los expedientes, la publicidad de las sesiones y el cumplimiento de los procedimientos establecidos.

El conflicto político está planteado. El desafío periodístico e institucional es determinar qué parte de las denuncias puede acreditarse con documentos y qué explicaciones tienen las autoridades señaladas.