El Gobierno nacional apelará el fallo que le ordenó cumplir de inmediato la Ley de Financiamiento Universitario, en un nuevo capítulo de la disputa por los recursos destinados a las universidades públicas.

La Justicia ordenó aplicar de inmediato la Ley de Financiamiento Universitario.

En la estrategia judicial se evalúan otros mecanismos legales para evitar afrontar de inmediato el gasto que supone su aplicación.

La decisión de recurrir el fallo prolonga un conflicto que involucra el financiamiento del sistema universitario, la recomposición salarial y los límites de las facultades presidenciales frente a una ley insistida por el Congreso.

Cormick hizo lugar a un amparo colectivo promovido por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), universidades nacionales y docentes, junto con una demanda acumulada de la Universidad de Buenos Aires.

En su resolución, declaró inconstitucional el segmento del decreto 759/2025 que condicionaba la ejecución de la ley a la definición de fuentes de financiamiento y a la incorporación de partidas presupuestarias.

La Ley 27.795 había sido aprobada en agosto de 2025 y posteriormente vetada mediante el decreto 647/25.

Sin embargo, ambas cámaras del Congreso reunieron la mayoría especial prevista en el artículo 83 de la Constitución Nacional e insistieron con su sanción.

Tras esa decisión legislativa, el Ejecutivo promulgó la norma, pero incorporó una referencia al artículo 5 de la Ley 24.629 para supeditar su aplicación a condiciones presupuestarias. Para Cormick, esa fórmula introdujo una nueva barrera cuando el procedimiento constitucional del veto ya estaba agotado.

Con la apelación anunciada, el Gobierno buscará revertir esa sentencia.

El eje del pronunciamiento de Cormick, entretanto, deja planteado un límite concreto: después de que el Congreso reúne las mayorías constitucionales para superar un veto, el Ejecutivo no puede introducir, al promulgar la ley, una condición que vuelva a impedir su aplicación.