El procedimiento realizado en la finca Campo Verde dejó una pregunta difícil de esquivar: ¿Cómo se relaciona el secuestro de 15 bolsas de maíz, cinco motocicletas y un carro artesanal con la denuncia por la presunta sustracción de decenas de toneladas de producción agrícola? Detrás del expediente aparece, además, un conflicto territorial y social que enfrenta a familias de bajos recursos con los intereses de quienes explotan actualmente las tierras. De 30 toneladas denunciadas a 750 kilos encontrados.

Por un lado está la denuncia y la hipótesis criminal que dio origen a la causa. Por otro, los elementos concretos que fueron encontrados durante el procedimiento. Y entre ambos aparece una distancia que merece ser investigada.

Según surge de la descripción del procedimiento, los efectivos secuestraron cinco motocicletas de baja cilindrada, dos teléfonos celulares, un carro de fabricación artesanal y quince bolsas que contenían maíz, con un peso aproximado de 50 kilogramos cada una. En total, se trataría de unos 750 kilogramos de producto.

El dato resulta relevante porque la denuncia habría planteado un volumen de sustracción de aproximadamente 30 toneladas de soja. la diferencia no es menor: se trata de una relación de 40 a 1 entre el volumen presuntamente sustraído y el cargamento efectivamente encontrado.

Eso obliga a formular una pregunta básica: ¿qué evidencia concreta vincula a las ocho personas detenidas con la desaparición del volumen de producción denunciado?

La evidencia que estaba frente a los policías ; La discusión no requiere recurrir a interpretaciones sofisticadas, había cinco motocicletas de baja cilindrada, y carro artesanal y bolsas con maíz. Esos son, según la descripción del procedimiento, los elementos materiales encontrados.

Si la hipótesis investigada sostiene que existió una operación de extracción de unas 30 toneladas de soja, resulta indispensable establecer qué otros elementos existen en el expediente para sostener esa conexión: vehículos de mayor capacidad, rastros compatibles con el traslado, registros de ingreso y egreso, imágenes, comunicaciones, testimonios u otra evidencia objetiva.

De lo contrario, existe el riesgo de transformar una hipótesis inicial en una conclusión antes de comprobarla.

La pregunta periodística no es si alguien debe responder ante la Justicia cuando existe un delito. La pregunta es otra: si la evidencia encontrada permite atribuir a estas ocho personas el hecho de la magnitud que se denunció.

De 30 toneladas denunciadas a 750 kilos encontrados

La diferencia cuantitativa merece ocupar un lugar central en el análisis del caso.

Treinta toneladas equivalen a 30.000 kilogramos. El cargamento descrito en el procedimiento ronda los 750 kilogramos. No son magnitudes equivalentes. Tampoco parece razonable ignorar el medio de transporte registrado: motocicletas pequeñas y un carro artesanal.

Esto no demuestra por sí solo que las personas detenidas sean inocentes ni permite determinar quién pudo haber sustraído la producción denunciada. Pero sí constituye una inconsistencia que debe ser explicada.

Y esa explicación no debería descansar solamente en una acusación: debería surgir de pruebas incorporadas al expediente,  cuando el hambre entra en conflicto con la propiedad. Hay otro aspecto que tampoco puede quedar fuera de la historia.

En las comunidades de la zona existe, según testimonios de pobladores, una práctica histórica vinculada con el aprovechamiento de los restos de las cosechas. Después del paso de las máquinas agrícolas, familias de bajos recursos ingresaban a los campos para recoger mazorcas, marlos u otros restos que podían utilizar para alimentar animales o para el consumo familiar.

Para quienes viven en condiciones de vulnerabilidad, esa actividad puede representar una forma de subsistencia.

No se trata de romantizar la pobreza ni de sostener que una costumbre histórica puede automáticamente justificar cualquier ingreso a una propiedad privada. Se trata de comprender el contexto social en el que se produjo el conflicto.

Porque una cosa es investigar un robo organizado de producción agrícola a gran escala y otra muy distinta es convertir automáticamente a familias que recogen restos de cosecha en integrantes de una estructura criminal.

Los pobladores sostienen que durante décadas existió una relación de convivencia entre productores y familias de las comunidades cercanas. Según esos testimonios, recoger los restos de las cosechas después de la recolección mecanizada era una práctica tolerada por antiguos propietarios y productores de la zona.

La situación habría cambiado con la llegada de nuevos arrendatarios y con una explotación agrícola bajo nuevas reglas, ese cambio puede parecer secundario frente a un expediente penal. No lo es.

Cuando una práctica tolerada durante años deja de ser aceptada, el conflicto no desaparece: cambia de escenario. Y cuando ese conflicto llega a la Policía y a la Justicia, existe el riesgo de que una disputa social y territorial termine expresándose exclusivamente como un problema penal.

Según reconstruyeron ante Salta/12 referentes de la Comunidad La Esperanza, arrendatarios de una finca en la zona rural de Coronel Cornejo denunciaron el robo de 30 toneladas de soja, la producción a la que dedica la finca. Sin embargo, otras fuentes indicaron que la denuncia sería por el robo de maíz.

“Nosotros tenemos permiso de ellos (los finqueros), de ingresar una vez que terminan la cosecha para poder llevarnos el maíz que queda desparramado”, dijo a este diario Sebastián José, cacique de la Comunidad Lapacho, de donde son dos de los detenidos.

En el marco de esa autorización, los cuatro hombres (de entre 21 y casi 50 años) levantaron los granos y volvían en las motos con el producto que luego iba a ser vendido, como lo hacen habitualmente, como una forma más de sustento. Pero esta vez fueron interceptados por la policía y detenidos.

“Nos llama la atención porque caen detenidos sin pruebas y siguen detenidos” en la Comisaría de Tartagal, dijo José. Añadió que el permiso para ingresar a la finca para recoger el grano que queda desperdigado luego del paso de la cosechadora es para todos y se venía dando todos los años tras la cosecha.

Por eso también resulta necesario preguntar qué intereses económicos están en juego, quién explota actualmente las tierras, qué producción se realiza, cuáles son los derechos de los pobladores y qué ocurrió concretamente el día del procedimiento.

La desigualdad también se mide frente al Estado. Hay una cuestión todavía más incómoda.

Cuando los protagonistas de una causa son personas pobres, trabajadores rurales o integrantes de comunidades originarias, la intervención del Estado debería estar acompañada de un estándar especialmente riguroso de comprobación. La Justicia debe determinar los hechos sin prejuicios en ninguno de los dos sentidos.

Ni la condición económica de los acusados demuestra inocencia, ni su pobreza puede convertirse explícita o implícitamente en un indicio de culpabilidad.

Las preguntas que el expediente todavía debe responder

El caso de Campo Verde plantea interrogantes concretos que deberían poder responderse con documentos y pruebas:

• ¿Cuál es exactamente el volumen de producción cuya desaparición fue denunciada?
• ¿Dónde están las pruebas que vinculan a los ocho detenidos con ese faltante?
• ¿Qué producto fue encontrado efectivamente durante el procedimiento?
• ¿Por qué el cargamento secuestrado era maíz si la denuncia refiere a una cantidad muy superior de soja?
• ¿Qué vehículos habrían sido utilizados para trasladar las toneladas denunciadas?
• ¿Existen huellas, registros, imágenes u otros elementos que permitan reconstruir ese supuesto traslado?
• ¿Qué testimonios respaldan la acusación?
• ¿Quién explota actualmente la finca y bajo qué modalidad contractual?
• ¿Existía previamente una práctica tolerada de recolección de restos de cosecha?
• ¿Fueron escuchados los pobladores y las comunidades antes de convertir el conflicto en una causa penal?
• ¿Qué resolvió el Ministerio Público Fiscal y qué fundamentos utilizó la autoridad judicial para disponer las medidas adoptadas?

Son preguntas incómodas, pero son precisamente las preguntas que una investigación periodística debe hacer., la pobreza no puede ser la prueba

El episodio de Campo Verde no debería quedar reducido a una discusión entre propietarios y ocupantes, productores y pobladores, empresa y familias.

Hay algo más importante en juego: la obligación del Estado de distinguir entre una conducta delictiva y una situación de vulnerabilidad social.

Si existió un robo de producción agrícola, debe investigarse y determinarse quiénes fueron responsables.

Si las personas detenidas participaron de ese delito, deberán responder conforme a las pruebas.

Pero si lo ocurrido fue la recolección de restos de cosecha por parte de familias que históricamente desarrollaban esa práctica, la respuesta institucional no puede construirse sobre una acusación de una magnitud que los elementos encontrados no parecen explicar por sí solos.

Entre las toneladas denunciadas y las bolsas encontradas existe una diferencia que no puede ser ignorada.

Y entre los intereses económicos de quienes explotan la tierra y las necesidades de quienes sobreviven en sus alrededores existe un conflicto social que tampoco debería quedar oculto detrás de un expediente penal.

La pregunta de fondo no es solamente quién entró a Campo Verde. La pregunta es qué ocurrió realmente allí, qué pruebas existen y si el poder económico de quienes denuncian terminó pesando más que la situación de quienes fueron detenidos.

La respuesta, como corresponde en un Estado de derecho, debería surgir de las pruebas y no de la condición social de los protagonistas.