Una investigación periodística puso bajo la lupa una operación que involucró al Banco Nación, un proyecto inmobiliario en Mar del Plata y un crédito que llegó a superar los $52.600 millones.

El caso tiene varios protagonistas y una cronología que genera interrogantes, aunque es importante separar los hechos comprobados de las acusaciones que todavía deberán ser determinadas por la Justicia.

La empresa involucrada fue Jardines de Chauvín SA, vinculada mayoritariamente al empresario Mariano Jinkis. La sociedad había sido constituida en junio de 2024 y, según la documentación citada en la investigación, no contaba con antecedentes suficientes que justificaran algunos de los antecedentes de obra consignados en el expediente.

UN CRÉDITO QUE NO LLEGÓ A ENTREGARSE

Hay una aclaración fundamental: el Banco Nación finalmente no otorgó los $52.600 millones.

El proceso llegó a una instancia avanzada, pero el 18 de mayo la Gerencia de Desarrollo y Gestión de Productos Hipotecarios decidió rechazar la asistencia crediticia debido, entre otras cuestiones, a factores vinculados con riesgo reputacional e integridad.

Por lo tanto, no corresponde afirmar que el Estado haya desembolsado ese dinero.

Lo que sí existió fue una evaluación y tramitación de una financiación de enorme magnitud.

LAS OBJECIONES DEL GERENTE

Pablo Pourrere, gerente zonal del Banco Nación en Mar del Plata, planteó objeciones al expediente.

Entre ellas señaló que Jardines de Chauvín era una sociedad recientemente constituida, con un primer ejercicio económico irregular, sin ingresos declarados y con resultado negativo. También cuestionó que se hubieran consignado como antecedentes obras correspondientes a años anteriores a la propia constitución de la sociedad.

La situación no quedó solamente en una discusión interna.

Una auditoría posterior del propio Banco Nación detectó “deficiencias” e “inconsistencias”, debilidades en la documentación y falta de evidencia suficiente sobre experiencia comprobable del desarrollador en construcción de viviendas.

EL DATO QUE GENERA MÁS PREGUNTAS

Otro aspecto señalado por la investigación es que el proceso crediticio habría comenzado desde áreas centrales del Banco Nación en Buenos Aires.

Según la auditoría citada, el área de Desarrollo y Gestión de Productos Hipotecarios contactó al estudio de arquitectos relacionado con el proyecto para obtener el contacto de Jardines de Chauvín.

Posteriormente, desde Buenos Aires se habría enviado a la estructura de Mar del Plata un modelo de resolución para avanzar con la propuesta formal.

Pourrere finalmente se negó a firmar.

EL TRASLADO DEL GERENTE

La otra parte de la historia es el traslado de Pourrere.

El gerente denunció que la decisión podía constituir una represalia por sus objeciones al crédito.

El Banco Nación, en cambio, rechazó esa interpretación y sostuvo que el traslado tenía un origen administrativo independiente y que la resolución del Directorio había sido adoptada antes tanto de la auditoría como del rechazo del financiamiento.

Aquí aparece una cuestión que merece especial atención: la Justicia Federal de Mar del Plata suspendió cautelarmente el traslado.

El juez Bernardo Bibel consideró, en esta instancia preliminar, que el traslado no aparecería suficientemente fundamentado en razones objetivas y técnicas y cuestionó también el modo en que se había comunicado la decisión al gerente.

Pero una medida cautelar no significa que la Justicia haya determinado que existió una maniobra de corrupción o una represalia. Es una decisión provisoria dentro de un proceso judicial.

JINKIS Y EL FIFAGATE

La investigación también incorpora otro elemento sensible.

Mariano Jinkis y su padre, Hugo Jinkis, fueron vinculados al denominado FIFAgate. Según el artículo, ambos admitieron ante autoridades estadounidenses haber participado en el pago de sobornos a dirigentes del fútbol sudamericano y acordaron un pago de US$50 millones dentro de la investigación estadounidense.

Ese antecedente explica por qué el área de Integridad del Banco Nación habría recomendado aplicar un criterio reforzado de debida diligencia antes de avanzar con una eventual financiación.

¿CORRUPCIÓN COMPROBADA?

Por ahora, no corresponde afirmarlo como un hecho probado.

Sí existen elementos documentados que justifican preguntas:

• una operación crediticia de más de $52.600 millones;
• una sociedad recientemente constituida;
• inconsistencias detectadas en la documentación;
• objeciones formuladas por un gerente;
• recomendaciones internas de mayor control;
• una auditoría que encontró deficiencias;
• el posterior rechazo del crédito;
• y una controversia judicial alrededor del traslado del funcionario.

Pero todavía falta determinar judicialmente si existió una relación causal entre las objeciones del gerente y su traslado, o si hubo efectivamente presiones indebidas.

LA PREGUNTA QUE QUEDA ABIERTA

El caso deja una pregunta que deberá responder la Justicia:

¿Estamos frente a una serie de errores administrativos y decisiones independientes, como sostiene el Banco Nación, o existió una presión para avanzar con una operación que presentaba demasiadas inconsistencias?

La respuesta todavía no está escrita.

Lo que sí está documentado es que el crédito no fue desembolsado, que la propia auditoría interna encontró irregularidades procedimentales y que un juez federal decidió suspender el traslado del gerente mientras analiza el conflicto.

Y quizás allí esté el verdadero dato político e institucional del caso:

cuando se habla de decenas de miles de millones de pesos de un banco público, los controles no pueden ser una formalidad. Tienen que funcionar antes de que el dinero salga, no después.