Las declaraciones, realizadas durante una entrevista en el programa Ladran Sancho! de Metro Radio 105.5 MHz, no solo reavivan el conflicto entre el municipio intervenido y la empresa de transporte, sino que además abren un nuevo frente de tensión institucional al involucrar al juez de paz local y cuestionar los mecanismos de control en uno de los pasos fronterizos más sensibles del país.

Zigarán rechazó las versiones que indicaban que se había impedido el ingreso de la empresa a la localidad y sostuvo que únicamente se modificó el lugar de ascenso y descenso de pasajeros.

"Nosotros no impedimos el ingreso, le asignamos una nueva parada", afirmó.

Sin embargo, el punto más controvertido surgió cuando el interventor desacreditó públicamente un informe elaborado por el juez de paz de Aguas Blancas respecto a las obras en la terminal de ómnibus.

"No hay nada mejor que un video para desmentirlo al propio juez de paz", disparó, en una frase que deja expuesta la creciente disputa entre distintos actores institucionales de la localidad.

A la controversia política se suma una cuestión económica. Según Zigarán, la empresa San Antonio mantiene una deuda de dos años por tributos municipales, una situación que, aseguró, será llevada a la Justicia para su cobro compulsivo.

"Efectivamente nos deben dos años de actividades varias, directamente lo vamos a cobrar vía judicial", sostuvo.

Pero las acusaciones más graves llegaron cuando el interventor anticipó que presentará material audiovisual ante la Fiscalía para que se investigue la actividad de la empresa en cercanías de la frontera.

Según relató, las imágenes mostrarían a una unidad de transporte cargando mercadería en la zona de Finca Carina, un sector históricamente señalado por el intenso movimiento de bagayeros y el tráfico informal de productos.

"Voy a subir el video donde se ve a un colectivo de la empresa San Antonio cargando bagallo en Finca Carina. Le voy a pedir al fiscal Romero determinar si la empresa es funcional al contrabando y al narcotráfico también, porque vaya a saber uno qué cargaban ahí", manifestó.

Las declaraciones representan una de las acusaciones más severas formuladas por un funcionario público contra una empresa de transporte de pasajeros en la región. Hasta el momento, se trata de afirmaciones realizadas por el interventor y deberán ser corroboradas o descartadas por la investigación judicial correspondiente.

Zigarán adelantó además que formalizará nuevas presentaciones ante la Justicia y ante Gendarmería Nacional.

"Vamos a ampliar la denuncia, primero como noticia criminis y después lo voy a hacer en Gendarmería Nacional", confirmó.

En el tramo final de la entrevista, el interventor vinculó sus cuestionamientos con una causa que actualmente tiene personas detenidas y reclamó que se investigue el papel que habría desempeñado la empresa en la operatoria fronteriza.

"Ya que lo tienen apresado al señor Salazar, que él nos cuente cuál era el rol de la empresa San Antonio. Recordemos que en el Puesto 28 la empresa San Antonio no pasa la mercadería por los escáneres", concluyó.

Las declaraciones de Zigarán vuelven a poner bajo la lupa el funcionamiento de los controles en Aguas Blancas, una de las fronteras más complejas del norte argentino. Si las denuncias avanzan, la investigación podría derivar en revelaciones de alto impacto sobre los circuitos de transporte, el movimiento de mercaderías y las responsabilidades de distintos actores públicos y privados en una zona históricamente atravesada por el contrabando.