CUANDO LA CALLE DEJA DE SER DE TODOS: RUIDO, VELOCIDAD Y UNA NOCHE QUE EL ESTADO PARECE NO QUERER VER. Atencion Municipios de Mosconi y Tartagal.
En General Mosconi y Tartagal crece la preocupación por las conductas de un sector de jóvenes que convierte caminos vecinales y calles en escenarios de velocidad, escapes libres, maniobras peligrosas y carreras improvisadas. El problema ya no es solamente de tránsito: es de convivencia, seguridad y responsabilidad del Estado.
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CRONOS HD
- 30 Agosto, 2026
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Hay una pregunta que empieza a hacerse cada vez con más fuerza en General Mosconi y Tartagal: ¿Quién controla las calles durante la madrugada?
Mientras la mayoría de los vecinos duerme, trabaja o intenta descansar, determinados sectores de jóvenes se apropian de algunos espacios públicos y caminos vecinales para realizar encuentros de motos y vehículos, circular a alta velocidad, efectuar maniobras peligrosas y utilizar escapes que generan niveles de ruido que alteran por completo la tranquilidad de quienes viven en las inmediaciones.
El problema no es que los jóvenes se reúnan.
El problema aparece cuando la diversión de algunos comienza a convertirse en el sufrimiento de todos.
¿DÓNDE TERMINA LA LIBERTAD Y COMIENZA EL DERECHO DEL OTRO?
La libertad de circular, reunirse y disfrutar no puede estar por encima del derecho de los demás a descansar, transitar seguros y vivir sin estar expuestos a situaciones potencialmente peligrosas.
Escapes modificados, aceleraciones, explosiones durante la madrugada, conducción a alta velocidad y maniobras irresponsables no son simplemente una cuestión de gustos.
Son conductas que pueden generar riesgos concretos.
Y hay otra cuestión que muchas veces queda relegada: los animales.
La circulación a gran velocidad por caminos vecinales también puede terminar en atropellamientos de perros y otros animales que atraviesan esas zonas. Una vida animal no puede convertirse en un daño colateral de una noche de diversión.
¿Y EL ESTADO DÓNDE ESTÁ?
Aquí aparece la responsabilidad de las autoridades.
Municipios, organismos provinciales y fuerzas de seguridad tienen herramientas para controlar el tránsito, verificar documentación, condiciones de los vehículos, niveles de ruido y conductas que puedan poner en riesgo a terceros.
Por eso, la discusión no debería reducirse a “los jóvenes son irresponsables”.
La pregunta también debería ser:
¿Qué están haciendo las autoridades para prevenir que estas situaciones se repitan?
Porque controlar no significa perseguir a los jóvenes.
Controlar significa prevenir accidentes, proteger vidas y hacer cumplir las normas.
UNA RECAUDACIÓN QUE PODRÍA TRANSFORMARSE EN PREVENCIÓN
Si las autoridades realizan controles efectivos y aplican las sanciones que correspondan, la recaudación derivada de las infracciones podría convertirse en una herramienta para fortalecer políticas de prevención y seguridad vial.
Se ha mencionado una estimación de varios millones de pesos por noche si se controlara a un sector de los vehículos que circulan en determinados puntos. Ese número debería ser verificado oficialmente, pero sirve para plantear una discusión más profunda:
¿Por qué no destinar parte de los recursos obtenidos de las infracciones a campañas de seguridad vial, controles, equipamiento, educación y prevención?
Porque el objetivo de una multa no debería ser simplemente cobrar.
El objetivo principal debería ser que la infracción no vuelva a repetirse.
EL HOSPITAL NO PUEDE SER EL ÚLTIMO ESLABÓN
Existe además una contradicción que merece ser discutida.
Cuando algunos de estos jóvenes sufren accidentes, el sistema sanitario termina siendo el encargado de atender las consecuencias.
Y allí aparecen los hospitales, los médicos, las enfermeras y todo un sistema público que debe responder de manera urgente ante personas heridas.
La atención médica es un derecho y nadie debería cuestionarlo.
Pero también existe una responsabilidad previa: evitar llegar al hospital.
La prevención comienza mucho antes de una ambulancia, una guardia médica o una cama de internación.
Comienza cuando alguien decide ponerse un casco, respetar una velocidad, no realizar maniobras peligrosas y entender que una calle no es una pista de carreras.
NO ESPEREMOS OTRA TRAGEDIA: La sociedad ya conoce el costo de los accidentes de tránsito.
Y cuando una tragedia ocurre, aparecen las preguntas de siempre:
¿Por qué nadie controló?
¿Dónde estaban las autoridades?
¿Por qué no se actuó antes?
¿Había que esperar una muerte para reaccionar?
La referencia a la muerte de Tito Soto debe servir, precisamente, para recordar que detrás de cada accidente existe una familia y una vida que no vuelve. No se trata de utilizar una tragedia para señalar culpables sin pruebas. Se trata de aprender de ella.
EL ESTADO TAMBIÉN TIENE QUE EDUCAR
Ha llegado el momento de abandonar la lógica de actuar solamente después del accidente, el Estado debe estar presente antes.
Con educación vial.
Con controles.
Con prevención.
Con sanciones cuando correspondan.
Con espacios adecuados para actividades recreativas.
Y también escuchando a los propios jóvenes.
Porque si un joven entiende que puede hacer cualquier cosa en la vía pública porque nadie controla, el problema no es solamente del joven.
También es de una sociedad y de un Estado que llegaron tarde.
No queremos más familias llorando.
No queremos más animales atropellados.
No queremos vecinos despertándose sobresaltados por explosiones de escapes en plena madrugada.
Y tampoco queremos que el hospital sea el lugar donde finalmente alguien aprenda, demasiado tarde, que una calle no es una pista.
Las calles de Mosconi y Tartagal son de todos. Y el derecho a divertirse termina exactamente donde comienza el derecho del otro a vivir, descansar y volver a casa.
El dato que puede cambiar completamente tu artículo
El hallazgo más importante es este:
En 2023, el Hospital Juan Domingo Perón registró 550 accidentes de tránsito atendidos.
La distribución mensual fue:
- Enero: 46
- Febrero: 35
- Marzo: 48
- Abril: 40
- Mayo: 29
- Junio: 38
- Julio: 52
- Agosto: 59
- Septiembre: 64
- Octubre: 37
- Noviembre: 46
- Diciembre: 53
Total: 550 accidentes.
Eso significa un promedio de 45,8 accidentes de tránsito por mes, aproximadamente 1,5 por día.
Y hay un dato todavía más interesante: septiembre fue el peor mes, con 64 casos, seguido por agosto con 59 y diciembre con 53.
Esto permite plantear una pregunta muy fuerte, no sería correcto escribir:
“550 personas fueron accidentadas”.
El documento habla de 550 accidentes de tránsito, no necesariamente de 550 personas diferentes.
Pero sí podemos decir:
“El Hospital Juan Domingo Perón registró 550 accidentes de tránsito durante 2023, un promedio de casi 46 hechos mensuales.”
¿Y qué pasa con 2026?
Acá hay que ser particularmente cuidadosos.
El Ministerio de Salud informó que entre enero y abril de 2026 el Hospital de Tartagal atendió 26.222 emergencias. De ellas, 15.911 correspondieron a adultos y 7.136 a pacientes pediátricos. Además, realizó 1.017 cirugías, de las cuales 253 fueron traumatológicas.
Eso demuestra una enorme demanda sanitaria, pero no podemos afirmar que esas 26.222 emergencias sean producto de accidentes de tránsito.
Sí podemos utilizar el dato para mostrar la presión que soporta el hospital.
La conclusión periodística
Con lo encontrado, yo cambiaría ligeramente el enfoque de tu artículo.
En lugar de afirmar que “los jóvenes se apoderaron de las calles y generan millones de pesos en multas”, que necesita pruebas específicas, podemos construir algo mucho más contundente:
“550 accidentes de tránsito atendidos en un solo año por el Hospital de Tartagal. Jóvenes y motociclistas aparecen repetidamente entre las víctimas de los siniestros fatales. ¿Cuánto más debe esperar el Estado para intervenir?”
Porque ahí tenemos un número oficial.
Y podemos agregar:
“No hablamos solamente de multas. Hablamos de vidas, de camas hospitalarias, de cirugías, de ambulancias, de familias y de un sistema sanitario que termina atendiendo las consecuencias de conductas que muchas veces podrían prevenirse.”
Eso convierte la nota en una investigación sobre seguridad vial, y no solamente en una crítica contra los jóvenes.
Mi recomendación para Cronos
El próximo paso sería solicitar oficialmente —al Hospital Juan Domingo Perón, Ministerio de Salud, Policía de Salta y Municipalidad— estos cinco datos:
- Accidentes de tránsito atendidos por año 2019-2026.
- Cantidad de pacientes derivados por accidentes de tránsito.
- Cantidad de internaciones y cirugías derivadas de esos accidentes.
- Fallecidos por accidentes de tránsito que ingresaron al hospital.
- Edad de las víctimas, diferenciando motos, autos, peatones y bicicletas.
Con esos datos podemos hacer algo mucho más fuerte: “7 años de accidentes en Tartagal y Mosconi: cuánto le cuesta la siniestralidad vial al sistema de salud”.
Y ahí sí podemos calcular cuánto dinero público demanda cada año esta problemática, incluyendo ambulancias, guardia, internaciones, cirugías, rehabilitación y traslados.
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