La administración de la justicia federal en el departamento General San Martín atraviesa horas críticas tras salir a la luz una serie de graves irregularidades en la instrucción de la causa contra José Miguel Álvarez y Luis Gerónimo Cisnero (Legajo de Investigación N.º 130408/2026). El caso no solo expone un presunto armado procesal, sino que pone de manifiesto la alarmante precariedad con la que opera la Fiscalía Federal de Tartagal, actualmente a cargo de una fiscal subrogante que atiende tan solo un día a la semana al viajar desde la provincia de Jujuy.

Esta vacancia y falta de presencia cotidiana ha dejado la conducción real de los expedientes en manos de la estructura local, donde estalló una bomba ética e institucional: quien denuncia, quien investiga y quien instruye comparten la misma mesa y lazos afectivos directos.

¿Juez, parte y amigos de la familia?

La denuncia por supuesta coacción iniciada contra Álvarez proviene del Dr. Matías Aguilera. Sin embargo, lejos de tratarse de un cruce entre desconocidos o de un procedimiento imparcial, la defensa y el entorno familiar de Álvarez denuncian que Aguilera era un habitual visitante e íntimo amigo de la familia, con un estrecho vínculo construido durante años en Campamento Vespucio.

El escándalo escaló a niveles insólitos dentro del Palacio de Justicia cuando se constató la cadena de mando que lleva el expediente:

• El denunciante: Dr. Matías Aguilera, presunta víctima de coacción y amigo íntimo del imputado.
• La sumariante: Dra. Florencia Altobelli, auxiliar e instructora que maneja el expediente día a día, quien resulta ser la pareja sentimental del denunciante y persona que también frecuentaba el ámbito familiar de los acusados.
• El control: Una fiscalía subrogante con presencia intermitente (un día a la semana desde Jujuy), lo que delega el manejo efectivo de la causa en los propios involucrados.

La pregunta del millón: ¿Es esto compatible con el debido proceso?

En cualquier estado de derecho, los principios mínimos de objetividad, imparcialidad y ética profesional exigen que cualquier funcionario judicial con un interés personal, afectivo o de enemistad/amistad manifiesta se aparte de inmediato de una causa.

En la Fiscalía Federal de Tartagal, sin embargo, el denunciante participa en la investigación y su pareja maneja la instrucción sumarial del legajo. Múltiples fuentes del ámbito legal se preguntan:

¿Cómo puede un ciudadano garantizar su derecho a la defensa cuando el denunciante y la instructora de su causa comparten vida , y  y el mismo despacho, mientras la fiscal titular atiende a distancia una vez por semana?

Testigos rechazados y pruebas a medias

A la gravedad institucional se suma la denuncia por la desestimación sistemática de pruebas clave. La defensa de Álvarez ha presentado formalmente más de nueve testigos dispuestos a declarar sobre la verdadera naturaleza del vínculo entre Aguilera y los imputados, desmintiendo la versión de un abordaje violento o coactivo y demostrando que los encuentros eran habituales y coordinados por el propio denunciante.

Pese a las presentaciones ante la Cámara Federal de Garantías y la Cámara Federal de Salta, las pruebas de la defensa continúan congeladas, mientras se sostienen acusaciones basadas en audios parciales y recortados.

Una justicia acéfala en el Norte

El caso "Álvarez - Cisneros" es apenas la punta del iceberg de una problemática más profunda: la desatención del Fuero Federal en el norte salteño. Con autoridades que subrogan a la distancia y estructuras delegadas sin el debido control ético, la ciudadanía de la región queda expuesta a arbitrariedades donde los expedientes corren el riesgo de convertirse en herramientas de ajuste de cuentas personales o disputas de poder interna ante la inminencia de nuevos concursos judiciales.

La Cámara Federal ya tiene en sus manos el pedido desesperado de apartamiento de los funcionarios involucrados y la apertura formal de las pruebas rechazadas. De su resolución depende no solo el destino de los imputados, sino la credibilidad de la Justicia Federal en una de las zonas más sensibles del país.

Judith Álvarez denuncia que la causa por supuesto cohecho contra su padre, José Miguel Álvarez, está armada por un funcionario judicial con quien mantenían una relación personal. Reclaman el apartado de los investigadores y que la Cámara Federal acepte a los testigos de la defensa.

Imagen generadas con I.A.