Lo ocurrido en General Güemes dejó mucho más que imágenes de tensión y un operativo policial desmedido. Dejó al descubierto una crisis profunda dentro del sindicalismo petrolero del norte argentino, donde cada vez son más los trabajadores y ex trabajadores que sienten que ya no tienen representación, contención ni voz dentro de una estructura que alguna vez nació para defenderlos.

Mientras cientos de familias sobreviven en medio de la precarización, la falta de actividad y el derrumbe laboral que golpea desde hace años al departamento San Martín, la conducción del Sindicato de Trabajadores del Petróleo y Gas de Salta y Jujuy parece haber elegido otro camino: el control político, la vigilancia y la construcción de enemigos internos.

El acto de la Lista Azul y Blanca no debió transformarse jamás en una escena atravesada por policías, infantería, drones y denuncias de grupos llegados desde otras provincias con actitudes violentas. Y sin embargo ocurrió. ¿Tan peligroso resulta hoy que trabajadores y ex trabajadores se reúnan a expresar su descontento? ¿Tan amenazante se volvió la disidencia sindical para que se monte semejante despliegue de seguridad?

Las imágenes fueron contundentes. Camionetas, tensión, presencia policial y versiones sobre personas llegadas desde Cuyo con palos y armas de grueso calibre generaron alarma entre quienes solo pretendían participar de una reunión política y sindical. Según denunciaron dirigentes y asistentes, esos grupos habrían llegado en apoyo a la conducción encabezada por Sebastián Barrios.

Y aquí aparece la pregunta más incómoda: ¿Cómo llegó el sindicalismo petrolero a este nivel de deterioro democrático?

Porque el problema ya no es únicamente económico o laboral. El problema es político y moral. Cuando un sindicato comienza a mirar con sospecha a sus propios trabajadores, cuando utiliza mecanismos de vigilancia para monitorear reuniones y cuando quienes piensan distinto pasan a ser tratados como enemigos, entonces deja de funcionar como organización gremial para transformarse en una estructura de control.

Lo más grave es el silencio. El silencio de muchos dirigentes que saben lo que está ocurriendo pero prefieren callar. El silencio de quienes durante años se beneficiaron de un modelo sindical cerrado, verticalista y alejado de las bases. El silencio de quienes hoy descubren que la crisis laboral no solo vació los pozos petroleros: también vació de legitimidad a muchas conducciones.

En el norte salteño hay una herida abierta desde los años noventa. La privatización de YPF destruyó comunidades enteras, pulverizó generaciones de trabajadores y dejó una marca social que todavía duele. Mosconi, Tartagal y todo el departamento San Martín conocen demasiado bien lo que significa quedarse sin trabajo, vivir la exclusión y ser olvidados por la política.

Por eso resulta tan indignante observar cómo algunos sectores sindicales parecen más preocupados por sostener poder interno que por reconstruir el tejido laboral y humano devastado durante décadas.

Mientras tanto, cientos de petroleros sobreviven fuera del sistema, sin respaldo, sin obra social, sin oportunidades y muchas veces hasta sin ser escuchados por quienes deberían representarlos.

La verdadera crisis del sindicalismo petrolero no empezó ayer. Empezó cuando algunos dirigentes dejaron de caminar junto al trabajador y comenzaron a caminar junto al poder.

Y cuando eso sucede, la distancia entre la conducción y las bases se vuelve tan grande que termina apareciendo lo inevitable: el enojo, la ruptura y la pérdida de confianza.

La democracia sindical no puede convivir con el miedo. No puede construirse vigilando trabajadores desde drones ni respondiendo a la crítica con operativos intimidatorios. La democracia sindical se fortalece escuchando, aceptando diferencias y entendiendo que ningún dirigente es dueño eterno de una organización que pertenece a los trabajadores.

El norte salteño no necesita más aprietes ni espectáculos de poder. Necesita trabajo, dignidad y dirigentes capaces de entender que representar no es mandar: es servir.

Porque cuando los trabajadores empiezan a perderle el miedo a hablar, significa que el relato del poder ya comenzó a resquebrajarse.