Durante décadas nos prometieron desarrollo, progreso y trabajo. Nos dijeron que el petróleo traería crecimiento y bienestar. Pero la realidad fue otra: pueblos empobrecidos, jóvenes sin futuro, hospitales abandonados, caminos destruidos y comunidades enteras sobreviviendo sobre territorios ricos que generan millones para otros.

Las leyes existen. El Código Civil, la Constitución Nacional y las normas ambientales establecen claramente la responsabilidad sobre los daños causados al ambiente y a las personas. El Artículo 953 deja en claro que ningún acto puede ser legítimo si perjudica a la sociedad o al medio ambiente. El Artículo 1113 establece la responsabilidad objetiva por los daños ocasionados. El Artículo 1083 obliga a recomponer lo destruido. Y el Artículo 41 de la Constitución Nacional reconoce el derecho de todos los habitantes a un ambiente sano.

Pero de nada sirven las leyes cuando la corrupción se convierte en política de Estado.

Porque el problema no es solamente una empresa petrolera contaminando. El problema comienza cuando funcionarios, legisladores y sectores del poder permiten, encubren o negocian el saqueo de los recursos naturales a cambio de beneficios políticos, económicos o personales. Allí nace la verdadera tragedia de nuestros pueblos.

Mientras unos pocos se enriquecieron, las comunidades quedaron mirando cómo se llevaban el gas, el petróleo, la madera y los recursos de generaciones enteras. Las penas fueron nuestras. Las ganancias, ajenas.

Muchos hombres y mujeres denunciaron esta realidad durante años. Personas que enfrentaron el silencio, el apriete y la indiferencia. Como José Gallego y tantos otros que se cansaron de advertir sobre la corrupción, la desidia y el abandono. Se fueron viendo a su pueblo sumergido en la pobreza, mientras quienes debían defender al departamento elegían callar o acomodarse al poder.

Y lo más grave es que todavía hay quienes intentan reducir cada cuestionamiento a una pelea personal. No entienden o no quieren entender que esto no se trata de nombres propios ni de disputas individuales. Se trata de una cuestión de Estado. Se trata del destino de un pueblo entero.

Porque cuando se entrega el patrimonio natural de una región sin controles reales, sin transparencia y sin responsabilidad social, no se está hipotecando solamente el presente: se está condenando el futuro.

No alcanza con discursos modernos, campañas de imagen ni promesas tecnológicas. Ningún avance servirá si continúa gobernando la corrupción. Se podrá hablar de inteligencia artificial, robots o progreso digital, pero mientras exista corrupción estructural, el resultado seguirá siendo el mismo: riqueza para unos pocos y pobreza para las mayorías.

Por eso este manifiesto no es un ataque personal contra nadie.
Es un grito colectivo contra décadas de saqueo, complicidad y abandono.

Exigimos:

• Transparencia absoluta en la administración de los recursos naturales.
• Investigación real sobre los pasivos ambientales y económicos.
• Fin de los privilegios políticos ligados a las empresas extractivas.
• Reparación histórica para las comunidades afectadas.
• Control ciudadano sobre las decisiones que afectan al territorio.
• Que nunca más el silencio valga más que la dignidad de un pueblo.

Porque un pueblo que pierde sus recursos pierde también su soberanía.
Y un pueblo acostumbrado a la corrupción termina creyendo que la pobreza es normal.

Todavía estamos a tiempo de recuperar la memoria, la dignidad y la verdad.

Hablar únicamente de contaminación ambiental sin hablar de corrupción es esconder la raíz del problema.

Falta voluntad política tanto a nivel nacional como provincial, para identificar y sancionar a los responsables.

Manuel Jaramillo, Director General de Fundación Vida Silvestre