La problemática de los pozos petroleros abandonados volvió a instalarse en el centro del debate regional tras las declaraciones de un ex director provincial de coordinación de Energía e  Hidrocarburos, quien recordó la experiencia desarrollada en Tierra del Fuego para avanzar en tareas de remediación ambiental y recuperación de áreas afectadas por décadas de explotación.

Durante la entrevista, el ex funcionario  Sandro Ramoa sostuvo que la remediación de pasivos ambientales “no sólo representa una obligación legal y ambiental de las empresas, sino también una enorme oportunidad para generar empleo local especializado”.

Sus palabras cobran especial relevancia para el Departamento San Martín, donde numerosos pozos abandonados continúan formando parte del paisaje urbano y rural, mientras vecinos y organizaciones vienen reclamando mayores controles y acciones concretas por parte de las autoridades provinciales y nacionales.

“La remediación no es un gasto”

El ex secretario explicó que en Tierra del Fuego se logró avanzar en distintos procesos de saneamiento gracias a la articulación entre el Estado, empresas operadoras y profesionales técnicos formados en universidades públicas.

“Muchas veces se presenta la remediación como un costo, cuando en realidad es una inversión. Genera empleo, moviliza empresas locales y reduce riesgos ambientales y sanitarios”, expresó.

Además, destacó que los trabajos de cierre y saneamiento requieren mano de obra calificada, monitoreo permanente y controles técnicos específicos, permitiendo la participación de ingenieros, geólogos, técnicos ambientales y operarios especializados.

La realidad del norte salteño

En contraste con la experiencia fueguina, el Departamento San Martín continúa conviviendo con pasivos ambientales históricos vinculados a más de ocho décadas de actividad hidrocarburífera.

Vecinos de Tartagal y Mosconi vienen denunciando desde hace años la presencia de pozos abandonados en zonas cercanas a sectores habitados, además de pérdidas, deterioro de instalaciones y falta de controles visibles.

Para distintos sectores sociales, el problema ya no puede seguir siendo minimizado.

“La preocupación no es solamente ambiental. También hablamos de salud pública y de oportunidades laborales perdidas”, señaló uno de los referentes consultados tras la entrevista.

Falta de controles y reclamos al Estado

Uno de los puntos más críticos planteados durante la charla fue la ausencia de políticas sostenidas de auditoría y control ambiental en la región.

El ex funcionario remarcó que las provincias tienen herramientas legales para exigir a las operadoras el cumplimiento de planes de cierre y remediación, además de la obligación de monitorear permanentemente las áreas concesionadas.

En ese contexto, crecieron los cuestionamientos hacia la Secretaría de Hidrocarburos de Salta y los organismos ambientales provinciales, a quienes distintos sectores acusan de mantener una postura pasiva frente a los pasivos petroleros existentes en el norte provincial.

Una oportunidad que podría generar empleo local

Uno de los aspectos más destacados de la entrevista fue el potencial económico que representa la remediación ambiental para regiones golpeadas por la desocupación.

Profesionales formados en la UNSa Tartagal ya participan en proyectos de saneamiento en otras provincias del país, demostrando que la capacidad técnica existe.

“Lo que falta es decisión política para transformar un problema ambiental en una política de recuperación y trabajo”, resumió el entrevistado.

Mientras tanto, en el Departamento San Martín continúan creciendo los reclamos para que las empresas operadoras y el Estado provincial impulsen un plan integral de remediación que permita reducir riesgos ambientales, recuperar áreas degradadas y generar empleo genuino para trabajadores locales.

La discusión ya está instalada. Y cada vez son más las voces que advierten que seguir ignorando los pasivos ambientales no sólo profundiza el daño ecológico, sino también la deuda histórica que el norte salteño arrastra desde hace décadas.