GENERAL MOSCONI. – La comunidad educativa de la Escuela Juan XXIII se encuentra atravesada por una profunda crisis institucional. Lo que comenzó como el malestar aislado de algunas familias ha escalado hasta convertirse en una denuncia pública y penal coordinada por un grupo de madres de tercer año de secundaria. Acusan a una profesora del área de matemáticas  de profesión ingeniera de ejercer maltrato verbal crónico, hostigamiento psicológico y discriminación contra adolescentes de entre 13 y 14 años. 

La respuesta de las autoridades del colegio, lejos de traer alivio, ha encendido aún más las alarmas: los directivos son señalados por blindar y justificar el accionar docente.

El detonante: Insultos y humillación pública en el aula

El quiebre de la tolerancia de los padres llegó tras reiterados episodios donde la agresión verbal habría traspasado todo límite pedagógico. Los testimonios coinciden en dos hechos de extrema gravedad ocurridos frente a la totalidad del alumnado.

En una oportunidad, tras la respuesta de una estudiante, la docente arremetió de manera directa: "Entiendo tu idioma, sos una burra cavernícola". La menor rompió en llanto en su banco y tuvo que ser contenida de urgencia por otro profesor que ingresó al salón, quien decidió retirarla hacia la dirección debido a su crisis emocional.

En otra ocasión, al revisar las tareas escolares, la profesora utilizó términos despectivos y de fuerte connotación vulgar para calificar el trabajo de una alumna delante de sus pares, llamándolo "dibujo petero" y promoviendo la burla colectiva del curso.

A estas situaciones se suman escenas cotidianas de destrato y comentarios descalificadores. Una de las madres relató cómo la docente humilló públicamente a un alumno que se reincorporaba tras haber estado internado por problemas de salud: "Vos sos un vago, te la pasás de vacaciones, por eso no sabés nada", le habría espetado, provocando que el menor manifestara un rechazo absoluto a regresar al establecimiento.

Licencias médicas y "tareas por WhatsApp" sin pedagogía

La situación sumó un nuevo capítulo de irregularidad administrativa en las últimas semanas. Según denunciaron las familias en el aire de los medios locales, la docente se encuentra actualmente bajo el régimen de carpeta médica (licencia). Sin embargo, lejos de desvincularse transitoriamente del curso, continúa enviando trabajos prácticos obligatorios mediante grupos de WhatsApp utilizando a la preceptora como intermediaria.

Las madres señalan que las consignas llegan "sin explicaciones, sin instrucciones y sin soporte pedagógico", obligando a los alumnos a resolver materias complejas con la sola ayuda de sus teléfonos celulares, un recurso con el que no todos los estudiantes cuentan en sus hogares.

El polémico rol directivo: Blindaje institucional y "la teoría de la trayectoria"

Uno de los puntos más críticos y alarmantes de la investigación radica en la evaluación del comportamiento del cuerpo directivo de la Escuela Juan XXIII. Lejos de actuar como un órgano de protección de las infancias y la adolescencia, la dirección del colegio ha adoptado una postura de defensa corporativa y minimización del daño.

De acuerdo con las actas de las reuniones y los testimonios de las familias, la posición de las autoridades se ha estructurado bajo tres ejes de acción:

1. Minimización de la evidencia clínica: Ante la presentación formal de un informe psicológico emitido por una profesional externa, el cual certificaba que una alumna sufría de severos bloqueos en los exámenes debido a la "presión y hostigamiento" sistemático de la ingeniera, la respuesta del director fue tajante: "Bueno, pero esto es del año pasado, ya pasó". La escuela desoyó el antecedente, ignorando que la menor debe cursar este año dos materias con la misma profesora y que hoy prefiere llevarse las asignaturas a diciembre antes que ingresar al salón.
2. Justificación por antigüedad: Ante los reclamos de maltrato a alumnos convalecientes, la respuesta institucional recurre de forma sistemática al blindaje del estatuto: se les pide a los padres "entender la forma de ser" de la profesora basándose en que posee "muchos años de trayectoria" en la institución, supeditando el bienestar emocional de los menores a la antigüedad laboral de la docente.
3. Disuasión y advertencia legal a los padres: En lugar de abrir canales de mediación o iniciar un sumario administrativo de investigación interna, el director llegó a advertir a los tutores que la docente podría iniciarles un juicio, argumentando que ella se encuentra respaldada por haber firmado una "declaración jurada", lo que las familias interpretaron como una clara maniobra de amedrentamiento para silenciar las quejas.

Un comportamiento que roza la discriminación de género

La tensión en la última reunión escaló a niveles personales cuando una de las madres, Andrea, intentó exigir explicaciones sobre el estado pedagógico de su hija. Según su relato, la profesora se negó a mantener el diálogo esgrimiendo un argumento de corte machista: "Yo con usted no voy a hablar, yo voy a hablar con su marido". Ante la réplica de la madre aclarando que ella es quien está a cargo de la crianza y escolaridad, la docente insistió en su negativa de interactuar con una mujer, lo que fue denunciado formalmente como un acto directo de discriminación hacia el rol materno.

Sin salida institucional: La vía judicial y el reclamo público

Frente a lo que consideran una "pared de complicidad" en los despachos de la Escuela Juan XXIII, las familias decidieron romper el silencio y avanzar por fuera del circuito escolar. Al menos dos denuncias habrian sido  asentadas en la sede policial local y los padres advierten que se mantendrán unidos en asamblea permanente.

"No es un capricho de querer cambiar a una profesora porque sí. Los chicos tienen miedo, van desmotivados y sienten que el colegio ampara a quien los insulta en lugar de cuidarlos a ellos", sentenció una de las voceras del grupo de madres. La comunidad de General Mosconi espera ahora una intervención urgente de la supervisión zonal del Ministerio de Educación ante un caso donde el aula se convirtió en un espacio de vulneración de derechos.

En conclusion la Institucion  se encuentra ante una crisis de violencia institucional crónica. La postura de las madres no es de ataque, sino de auxilio ante un sistema que ha decidido naturalizar el maltrato verbal y la discriminación como si fuesen rasgos de "personalidad" de una docente intocable.