Red ilícita en educación de Salta: Uno por uno, los 50 nombres bajo investigación en la trama que movió millones para facilitar cargos
Un documento oficial revela nombres, escuelas y distribución territorial de un entramado que impacta en cargos, ingresos y destinos dentro del sistema educativo.
A cuatro meses de iniciada la investigación, Gente de Salta accedió a documentación del Ministerio de Educación en la que se detallan los nombres de 50 docentes y las instituciones en las que se desempeñan. ¿Qué se investiga? La emisión y compra de postítulos sin respaldo académico para sumar puntaje y acceder a mejores cargos o salarios, en una maniobra que podría haber movido más de $100 millones.
Con decenas de agentes bajo sumario, esta red —que abarca distintos puntos de la provincia— incluye docentes que presentaron certificados que en su momento les permitieron sumar puntaje, pero que, según la Resolución 136, no figuran en registros oficiales y, por lo tanto, hoy no pueden ser considerados válidos por el Ministerio.
Imagen generada a partir de documentación en mano. Gente de Salta.
En la capital, aparece el nombre de una administrativa del Colegio Arturo Illia, un docente del 11 de Septiembre, dos de la escuela Jacoba Saravia y dos del América Latina, entre otros. Sin embargo, en El Quebrachal surge el caso de una docente que además es ex funcionaria pública y ya fue imputada por fraude a la administración pública.
Los siguientes nombres forman parte del sumario administrativo abierto por el Ministerio de Educación en el marco de la investigación sobre certificados que no figuran en registros oficiales.
Esta red, investigada por la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos y con imputaciones en el marco de una presunta asociación ilícita, según pudo reconstruir Gente de Salta, se sostenía a partir de la presentación de postítulos sin respaldo que otorgaban puntaje docente. La maniobra fue detectada cuando comenzaron a aparecer certificados con el mismo número de registro y denominación, lo que encendió las alertas en la Junta Calificadora y derivó en la identificación de decenas de casos sospechosos.
Es decir, se emitieron certificados para docentes que sí hicieron los cursos y ese papel contaba con un código numérico que tendría que haber sido único. La “metida de pata”, sin embargo —y el detalle por el cual se inicia la investigación—, fue que aparecieron cartones con distintos nombres pero con la misma numeración: decenas y centenas de ellos.
Según la reconstrucción de la Fiscalía, los cobros ilegales por la venta de postítulos, se ubican dentro de $95.000 - $360.000 dependiendo de la puntuación que otorgaba un curso que el comprador no habría efectuado. Eso sí con el nuevo puntaje podría haber mejorado su ubicación de trabajo, alcanzado más horas o accedido a mejores cargos, en todos los casos traducido a salarios más altos.
La maniobra, según investiga la Justicia, habría expedido 291 certificados “irregulares”, de los cuales, 286 no tendrían ningún tipo de respaldo. Con esa cantidad -286 cartones apócrifos- y los valores anteriormente mencionados, la recaudación de este entramado docente habría movido entre $27 y $103 millones, según comprobantes de pago.
Los docentes y administrativos por quienes el Ministerio de Educación de Salta abrió un sumario de investigación se reparten en distintos puntos de la provincia. Según fuentes del ámbito educativo, un mayor puntaje —obtenido a partir de capacitaciones, cursos y posgrados validados por certificados— no solo impacta en el acceso a cargos, sino también en la posibilidad de aspirar a mejores ubicaciones dentro del sistema.
Salta Capital
Basquez, Lucrecia — Esc. de Comercio Arturo Illia / E.E.T. Joaquín Castellanos / Secundario América Latina / B.S.P.A Nº 7089 (BESPA)
Gutiérrez, Josué — E.E.T. Ciudad del Milagro / Secundario Gral. San Martín
Moya, Ivanna — E.E.T. / Secundario San Francisco (El Galpón)
Dorado, César — Secundario Juan D. Perón (Molinos)
Sosa, Flavia — E.E.T. (San Antonio de los Cobres)
Yanacon — Secundario (Tonono)
En algunos casos se puede observar que existen hasta tres investigados en una misma institución, también dentro de los nombres aparecen administrativos que resguardan documentación de estudiantes, e incluso gremiales de educación.
No obstante, el caso de la docente Borujow introduce otro giro en la trama: fue presidenta del Concejo Deliberante de El Quebrachal y, durante 2020 —en pleno período de pandemia—, habría cobrado el IFE, una asistencia económica a la que no debería haber tenido acceso, hecho que le valió una imputación por fraude contra la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Niña yendo a clases (Dani Yako).
Mientras en este caso, la red investigada por certificación apócrifa, el detalle a no olvidar es que se trata de agentes de la educación en ejercicio: las personas que a diario se dedican a la formación de los hijos de miles de familias, a la instrucción de próximas generaciones, futuros profesionales.
La actualidad de Educación provincial, vive la urgencia de la ola de violencia que atraviesa a las escuelas de Salta: pintadas de posibles tiroteos, amenazas de muerte a directivos, hallazgos de municiones o machetes, bullying que desencadena más violencia.
Pero los problemas de fondo no pueden quedar desplazados. La investigación sobre el sistema de puntaje docente que definen el acceso a cargos y oportunidades dentro de las aulas recuerda lo importante de garantizar la transparencia de un sistema que impacta directamente en quiénes enseñan.
“La conducta vinculada a la presentación de antecedentes no se corresponde con la que se espera por parte de quien cumple la función de educar sobre todo -advierte el documento oficial- en el ámbito de la ética y moral”.
CRONOS HD
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