En Cara a Cara, con la conducción de Mario Ernesto Peña, el abogado Guillermo Martinelli se refirió a la auditoría sobre la ejecución del Fondo de Reparación Histórica y señaló que la responsabilidad principal del análisis recae en el auditor que tuvo a su cargo el estudio del expediente. En ese marco, explicó que ese informe es el que tiene “preeminencia” dentro del proceso y que puede ser acompañado o no por otros dictámenes, incluso con reservas.

Martinelli indicó que, una vez que el tema tomó estado público, corresponde que los organismos legislativos soliciten formalmente la documentación para su análisis. Según explicó, también será necesario determinar cuándo se remitió el expediente a la Auditoría y en qué momento se tomó conocimiento efectivo de posibles irregularidades en el manejo de los recursos destinados a obras en el norte provincial.

El abogado sostuvo que recién cuando la auditoría esté concluida se podrá establecer con mayor claridad si existieron situaciones que puedan ser consideradas delictivas. En ese sentido, remarcó que será tarea de la Justicia evaluar los informes. “Hay que ver si realmente ha existido o no algo que sea delictual; eso lo tendrá que analizar el fiscal y eventualmente el juez”, expresó.

Martinelli también planteó que, desde el punto de vista legal, podría analizarse la posible prescripción de algunos hechos si las irregularidades ocurrieron hace muchos años y el Estado tuvo conocimiento sin actuar.

No obstante, afirmó que más allá de las responsabilidades judiciales, existe un debate sobre eventuales responsabilidades políticas de quienes intervinieron en la administración de los recursos del fondo y en las decisiones vinculadas a su manejo.